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SOBRE LA VIABILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR

SOBRE LA VIABILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El eterno debate sobre la sostenibilidad del estado del bienestar no parece templarse y fuerzas como la relación decreciente entre población activa y pasiva, los límites de la financiación tributaria en un mundo cada vez más globalizado o el desafío de la cohesión social en una sociedad pluriétnica tienen contra las cuerdas a sus defensores. Para garantizar su viabilidad es necesario poner en marcha un conjunto de reformas estructurales que, de continuar aplazándose, serán inoperantes ante un problema de dimensiones quizá ya irresolubles.

¿Por qué la sociedad española no inicia una reflexión constructiva y serena sobre el tema? La situación política en España dificulta aún más la búsqueda de soluciones y ha obligando a aplazar la toma de decisiones importantes.

La línea de pensamiento contraria al mantenimiento del estado del bienestar basa sus opiniones en que merma los incentivos al trabajo, la actividad empresarial y  el desarrollo tecnológico, teniendo efectos nocivos a largo plazo sobre el crecimiento económico. A modo de ejemplo, podemos señalar dos críticas comunes:

  1. Promueve la dependencia extrema a las prestaciones sociales, lo que se traduce en altos niveles impositivos y deteriora la factibilidad de llevar a cabo la actividad económica.
    2. Ejerce una fuerte carga regulatoria sobre el mercado laboral. De esta manera, aumenta los costes laborales, incrementa la inflexibilidad, merma la innovación… y por ende, reduce el empleo y la producción.

Según los defensores de esta postura, el estado del bienestar podría llegar a ser autodestructivo. Por ejemplo J.J. Heckman, galardonado con el Premio Nobel de Economía  en el año 2000, argumenta que ‘’[…]el Estado del Bienestar fomenta la desigualdad y muchos de sus rasgos se perpetúan en el tiempo. ‘’

Por otro lado, están quienes defienden que el estado del bienestar, al aceptar como tarea propia garantizar a todos sus ciudadanos extensos derechos económicos y sociales, debe ser el pilar principal sobre el que se edifiquen las sociedades. Es decir, un estado del bienestar potente es capaz de proteger a sus ciudadanos contra riesgos evidentes, por ejemplo mediante la cobertura por pérdida del empleo o la asistencia sanitaria.

Asimismo, argumentan que el estado del bienestar promueve la inclusión-cohesión social, fomenta la estabilidad macroeconómica e impulsa el progreso económico. Esto se debe a que regula la actividad productiva en beneficio del interés general, respalda sectores clave, reduce la amplitud de las fluctuaciones económicas (mediante el uso de políticas anti-cíclicas) y evita los excesos de explotación en el mercado laboral.

Es más, dicha posición considera que dimensiones alternativas a la económica-financiera, como pueden ser éticas o morales, son igualmente relevantes a la hora de legitimar la viabilidad del estado del bienestar.

Independientemente de la posición que se favorezca, es evidente que los desafíos a los que se enfrentará el estado del bienestar en los años venideros son formidables. Cabe destacar:

  1. El envejecimiento de la población, que afectará notablemente la relación entre el número de trabajadores y de pensionistas.
  2. Los límites de la financiación tributaria, por ejemplo, la imposibilidad de gravar internacionalmente factores móviles de producción.
  3. El desafío de la inclusión social en un entorno cada vez más globalizado y multicultural.

En esta reflexión quiero subrayar la necesidad de reformar los pilares del sistema actual. En mi opinión, la clave del éxito reside en la instauración de un sistema de incentivos eficiente que impulse a todos los actores económicos a responder adecuadamente a los nuevos desafíos y oportunidades del s XXI, al mismo tiempo que asegure la dignidad y protección de las personas.

Aunque este análisis es solo un acercamiento a un tema de gran complejidad, considero imperante fomentar una mayor colaboración entre la esfera política, la sociedad civil y el sector empresarial. Creo que es importante otorgar al sector privado, tanto a organizaciones sin ánimo de lucro como a empresas, un mayor peso a la hora de proveer servicios del bienestar, creando condiciones semejantes a un mercado competitivo. Esto redundaría en mejoras de eficiencia significativas -mayor calidad a menor coste- así como en una creciente diversidad. Al mismo tiempo, este nuevo entorno, caracterizado por una mayor complementariedad entre el sector público y privado, requeriría un fortalecimiento de la función de control y regulación del Estado a fin de evitar excesos y/o abusos.

Como destaca el profesor Mauricio Rojas, el proceso de reformas iniciado hace 20 años por Suecia cuya finalidad es la obtención de un estado del bienestar viable y sostenible a largo plazo, representa un buen punto de partida para el resto de naciones.

El objetivo debe ser garantizar un acceso relativamente igualitario a los servicios del bienestar mediante el respeto al poder de los incentivos de la vida económica. Para alcanzar el éxito este proceso de cambio debe descansar en el consenso social y político  y ser pragmático y realista acerca de su viabilidad económica.

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La tabla muestra los retos a los que se enfrenta el estado del bienestar en España a través de los siguientes indicadores:

-1ª Columna: Caída de los ingresos públicos como % del PIB

– 2ª Columna: Subida del gasto público como % del PIB

-3ª Columna: Gastos sociales

– 4ª Columna: Incremento de la desigualdad en el ingreso (Ratio S80/S20: cociente entre los ingresos totales del 20% de las personas con ingresos más elevados  y los ingresos totales del 20% de la población con menos ingresos).

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